A estas alturas no cabe duda de que está en marcha una ofensiva política nacional e internacional contra la democracia y el modelo económico.

Es asombroso lo que ha ocurrido. Comunidades nativas hasta hace poco desconocidas o ignoradas, muchas en una economía paleolítica, doblegaron al Estado. Ello solo pudo ocurrir gracias al poder movilizador de un gran mito, el mito expoliador: que los decretos legislativos les iban a quitar sus tierras. El psicosocial más eficaz de la historia contemporánea.

Francamente, hay que torcer demasiado el texto de los decretos legislativos para interpretar que su propósito es despojar de sus tierras a las comunidades nativas.

Algunos, desde la izquierda, reclaman que por qué se condena a Hugo Chávez y no a Álvaro Uribe, que sería tan autoritario como el primero.

La idea central detrás de la lucha de Aidesep y de los obispos de la Amazonía es que los decretos legislativos vienen a terminar de ejecutar lo que ha venido ocurriendo desde siempre: el despojo de las tierras de las comunidades nativas a manos de las grandes empresas capitalistas y transnacionales.

El pecado original —y quizá único— de los decretos legislativos rechazados por las comunidades nativas movilizadas por Aidesep es que, efectivamente, no fueron consultados.

Correa gana las elecciones en Ecuador porque hace dos años que anda en campaña electoral ilusionando a los ecuatorianos con promesas redentoras que hasta ahora no ha tenido que cumplir.

El gran proceso contra Fujimori debió estar centrado en el atropello sistemático de las instituciones para construir un poder omnímodo que permitiera sobornar, oprimir, silenciar o extorsionar a los opositores o a la prensa o a empresarios poderosos, y cobijar una corrupción perversa (y sin ninguna justificación de emergencia nacional, que ya no existía ni habría sido tampoco justificación).