Un gobierno pluriideológico como el de Ollanta Humala solo resulta viable o funcional si es que las distintas orientaciones asumen funciones complementarias y no competitivas dentro del gobierno. Una combinación de liberales e izquierdistas resulta complementaria solo si los liberales manejan los sectores económicos y productivos y los izquierdistas los servicios y programas sociales. Es decir, si los liberales aseguran la generación de riqueza y los izquierdistas se encargan de la redistribución. Algo de eso ha ocurrido cuando se ha nombrado a Miguel Castilla en Economía y a Aída García Naranjo en Mujer y Desarrollo Social.

Por supuesto, la cosa no es tan sencilla. Servicios y programas sociales eficientes, que ayuden realmente a reducir diferencias e igualar oportunidades, requieren, más que sensibilidad social, de excelencia en la gestión y en la focalización. Y ser de izquierda no es un requisito para ello. Se necesitan gerentes y técnicos muy calificados.

En ese sentido, liberales o sencillamente administradores pueden manejar mejor sectores y programas sociales. Así, ha sido una buena idea encargar el diseño del ministerio de desarrollo e inclusión social a Kurt Burneo, que no es exactamente un liberal pero sí un economista que exigirá racionalidad económica al gasto social. Pero, a la inversa, que izquierdistas o intervencionistas asuman funciones en sectores vinculados a la producción, sencillamente no funciona, porque la generación de riqueza se traba. Por eso, no ha sido buena idea nombrar a un ex dirigente de la CGTP como viceministro de Trabajo o a eventuales antimineros en cargos ambientales. Y sería fatal que los ministros de Agricultura y Comercio Exterior dejen aflorar pulsiones proteccionistas o mercantilistas.

Peor resultaría crear empresas públicas en áreas atendibles por el sector privado, o que el Banco de la Nación preste a las mypes, algo en lo que el sector privado peruano está a la vanguardia en el mundo. El Estado es regulador, no productor. La gran transformación que se requiere no es la de meter al Estado a producir en el mercado, sino, al revés, la de meter principios de mercado, de eficiencia racional y meritocrática en el Estado. Es la única manera de reducir la corrupción y conseguir inclusión a la vez. Porque el gran excluyente es el Estado: con un gasto social per cápita mayor en los lugares más ricos y pésimos servicios para los pobres, con justicia o seguridad solo para los que tienen plata para pagarla, con sectores estatizados (agua potable) que amplían su cobertura mucho menos que los privatizados (teléfonos, electricidad), con licencias y trámites desmedidos que los chicos no pueden afrontar, con leyes laborales excluyentes y normas que impiden a los comuneros titular su propiedad privada, etc. Eso es lo que hay que transformar.