El diario “La República” ha criticado ayer en su titular al Gobierno por hablar de diálogo y al mismo tiempo detener a dirigentes en Espinar. Pero alguien tiene que ser responsable del acto perverso y letal de falsear un informe sobre contaminación del agua para engañar a la población a fin de que se movilice para asaltar la mina, quemar el local de la fundación, incendiar una camioneta de la fiscalía, secuestrar al fiscal superior y otras acciones extremadamente violentas que culminaron en la muerte de dos personas.

Pues hubo acá doble engaño: el informe en cuestión, del 2010, se refería a otra zona, a la del proyecto minero Quechua, y no a la zona de influencia del proyecto Tintaya de Xstrata. Y los mínimos niveles de contaminación encontrados en algunas personas obedecían a contaminación natural, no producida por actividad minera alguna.

Con el uso tramposo de ese informe se engañó no solo a la población de Espinar, sino a importantes autoridades e inversionistas de Inglaterra y Suiza en un ‘road show’ antiminero organizado por Grufides de Marco Arana en el que participó el alcalde de Sicuani, miembro de Tierra y Libertad, el partido de Arana. Como consecuencia de ese ‘raid’, por ejemplo, la Fundación Siemens se retiró de la financiación de un proyecto de desarrollo que involucraba a Xstrata como uno de los actores.

El diálogo es absolutamente fundamental. Pero en una democracia no puede estar por encima de la ley, ni puede realizarse a costa de la ley. No puede convertirse en un medio para la impunidad, para la santificación del delito. La ley es precisamente el instrumento para que el derecho de unos no destruya el derecho de otros.

Pues, de otro lado, esos dirigentes no solo rompen la ley sino el diálogo mismo. Lo rompen deliberadamente, con acciones de fuerza, que es lo contrario del diálogo. En Sicuani y en Cajamarca. En realidad, no quieren el diálogo por la sencilla razón de que pondría en evidencia su orfandad de argumentos y razones. Y porque su juego es otro: acumular capital político electoral, cambiar el modelo ‘neoliberal’, impedir sencillamente la inversión ‘extractiva’.

Tampoco se puede confundir las legítimas demandas sociales o la protesta social con estos paros dictatoriales que obligan por la fuerza y el terror a cerrar locales, marchar y acatar, y que bloquean carreteras y secuestran poblaciones. Eso no es democrático y por eso el estado de emergencia permite restituir el Estado de derecho.

Quien no quiere el diálogo y usa medios penalmente vedados debe estar en la cárcel. Debe ser retirado del juego político. La democracia no puede ser contemplativa con quienes violan la ley y atentan contra ella misma. Porque entonces dejará de haber democracia.

Parece que por fin empezamos a entenderlo, pues a eso apuntan las declaraciones firmes del presidente del Poder Judicial y el comunicado de todas las bancadas del Congreso que respalda el estado de emergencia en Sicuani. Es hora de un pronunciamiento colectivo de los partidos que señale claramente el límite entre la democracia y la dictadura de los radicales. Es el momento de afirmar la democracia, antes de que crezca la demanda por una salida autoritaria.