En el Índice de Competitividad Global del Global Economic Forum, el Perú figura en el puesto 78 de 133 países, pero en el tema de infraestructura está en el puesto 97 y en infraestructura portuaria en el 126. Es decir, casi en el último puesto. Para un país que ha apostado claramente por la integración al mundo y por una estrategia exportadora, esta situación es absolutamente contradictoria e insostenible, y debe hacerse lo que sea necesario para salir de ella del mejor modo posible. Y obviamente el mejor modo posible no es obligando al futuro operador del Muelle Norte, que convertiría el Callao en un gran distribuidor continental, a asociarse con Enapu, la empresa estatal responsable, en parte, de que estemos en ese puesto.

La ineficiencia de Enapu es proverbial. Ricardo Briceño, ex director de Enapu, ha relatado el caso del puerto de Pisco, que funciona todavía con generadores diésel pese a que los postes para una línea de alta tensión entre Pisco y Punta Pejerrey están instalados desde hace 8 años, porque no ha sido capaz, en todo ese tiempo, de gestionar y terminar la aprobación del estudio de impacto ambiental. Obviamente su imposición como convidado de piedra del consorcio ganador no obedece al aporte que pueda hacer, que no solo será nulo sino negativo, puesto que castigará la inversión que se hará en el Muelle Norte. En efecto, mientras las iniciativas privadas que presentaron Dubai Ports y APM Terminals ofrecían 1.300 millones de dólares y 1.900 millones, respectivamente, la convocatoria que se haría sería por una inversión de solo 550 millones, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Es una versión en reverso de Sansón y los filisteos: qué importa que la inversión sea menor con tal de que viva Enapu. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? La Constitución dice que allí donde el sector privado puede actuar, el Estado no puede tener empresas. En el Muelle Norte hay iniciativas privadas autosuficientes. No se necesita de la empresa pública. Su presencia, por lo tanto, es inconstitucional.

Económicamente tampoco tiene ninguna justificación. Al contrario, es una carga en un tema que tiene que ver con las posibilidades de crecimiento del Perú. La única explicación es política, pero política en el sentido más estrecho del término: se trata de proteger los intereses sindicales vinculados al Partido Aprista. Eso es todo. Con la mayor desfachatez se subordina el interés nacional, de todos los peruanos, al interés político y personal de unos pocos. No puede pasar.