El presidente Ollanta Humala va mostrando poco a poco su estilo. Ha explicado que prefiere actuar antes que hablar, como Odría o Fujimori. Y que conducirá personalmente la solución de los problemas críticos, como la inseguridad y la delincuencia, lo que, sin duda, está muy bien. Ayer lo vimos presidiendo el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Pero lo que hizo fue dar directivas y órdenes con la fórmula que se usa en los cuarteles: “me reorganiza el ministerio”, le dijo al ministro del Interior; “me reordena las licencias”, al de Transportes, e incluso al presidente de la Corte Suprema y al fiscal de la Nación les dijo “que no me estén saliendo los delincuentes de las cárceles”.
La utilización del pronombre “me” como objeto directo de la acción de reorganizar o reordenar o no soltar a los delincuentes es sintomática. Esas acciones se hacen para él, en virtud de una relación de obediencia y subordinación. Y como si él fuera el Estado, o el dueño del Estado. Por eso, reorganizar el ministerio es algo que no se hace para el Estado o para el país, sino para él. “El Estado soy yo”, decía Luis XIV, el Rey Sol.
El problema es que esta confusión de apropiaciones puede manifestarse en el terreno de la propiedad de los recursos naturales que, según el artículo 66 de la Constitución, pertenecen a la nación. Pues ya el presidente del Congreso ha adelantado que quieren modificar ese artículo, acaso para pasar la propiedad de esos recursos al Estado. Es decir, si seguimos el espíritu del pronombre “me”, al presidente. “Me pasan los recursos naturales”, de la misma manera como pertenecían al rey en la Colonia.
El domingo el presidente Humala viajó a Orcopampa, pueblo minero tributario de la mina del mismo nombre, administrada por Buenaventura. En la campaña electoral el presidente había dicho que él llevaría el Estado a las zonas mineras alejadas, como la mejor manera de garantizar la inversión minera. Y muy bien que viaje al interior para eso, algo que los dos últimos presidentes olvidaron. Pero luego de repetir que su presencia significaba traer el Estado al campo, no se le ocurrió mejor idea que atacar a la mina reprochándole escasa sensibilidad social, para terminar diciendo que el oro es de Arequipa y allí debe quedarse. Sin duda que la presencia presidencial en las zonas rurales andinas ayudará a pacificar el país, pero no si viene acompañada de agitación presidencial antiminera.
En circunstancias en las que los precios de los minerales tienden a caer, se trata de mejorar –no de empeorar– las condiciones para atraer la máxima inversión minera posible, a fin de suplir con cantidad lo que perdemos en precio.