La renuncia de los ministros de Defensa e Interior pone fin a la crisis política derivada del desastroso manejo de la llamada "Operación Libertad" y ayuda a limitar claramente el impacto de la crisis a esos dos ministros, excluyendo al presidente del Consejo de Ministros, cuya permanencia en el cargo queda, de esa manera, asegurada, y su posición fortalecida, lo que no era tan claro si se hubiese dejado que las cosas avanzaran hasta la censura misma.

Esto es importante, porque habría sido demasiado triunfo para los terroristas -en este caso sí- que hubiesen terminado produciendo la caída del gabinete. Cambiar de Premier por segunda vez en nueve meses hubiese sido una señal inestabilidad y de inconsistencia muy grande y, por lo tanto, una fuente adicional de debilitamiento político del gobierno. Porque no hay desperdicio y pérdida mayor de energía que romper la continuidad del esfuerzo y el aprendizaje, y comenzar nuevamente de cero. Valdez ha sido criticado por declaraciones más o menos infelices, pero no por nada realmente sustantivo. Aunque sin duda no es la figura que se pensó podía ser, sobre todo como operador político, cuando menos revela capacidad organizadora, ejecutiva y una línea apegada a los parámetros de la hoja de ruta.

Por lo demás, la responsabilidad política por los errores cometidos en La Convención no iba más allá de los sectores Defensa e Interior, no comprometía al gobierno como tal, salvo que el Presidente haya insistido en llevar adelante operaciones contra la opinión de los mandos. Ni siquiera queda claro que las equivocaciones tácticas hayan sido el fruto de decisiones directas de los ministros. Ellos han tenido que asumir la responsabilidad política por carencias que vienen de tiempo atrás, aunque las informaciones falsas o triunfalistas que dieron sí hayan sido de entera responsabilidad suya.

El lado positivo de esta crisis política es que marca un punto de inflexión en la lucha contra los narcosenderistas y el narcotráfico. Definitivamente dejaron de ser una amenaza que podía ser vista de reojo, y queda claro que ella requiere la mayor y mejor concentración posible de recursos de desarrollo, bélicos y de inteligencia. Además, la necesidad de empezar a tener resultados obligará a reformar nuestras fuerzas armadas en el sentido que se viene pidiendo hace décadas: más pequeñas, pero más profesionales y tecnificadas. Hay una ley para tener soldados profesionales en lugar de conscriptos que no ha sido reglamentada.

Y, por supuesto, va a obligar a luchar de verdad contra el narcotráfico, incautando diez o veinte veces más insumos y cocaína que ahora, por ejemplo. Para ambos esfuerzos, que son el mismo, una alianza más clara y fructífera con Estados Unidos y Colombia es ineludible.

Pero al mismo tiempo habrá que corregir el error estratégico que también se ha cometido en la lucha paralela que estamos librando contra la minería ilegal e informal. Ella debió concentrarse inicialmente solo en Madre de Dios y Puno y no extenderse a todo el territorio y con normas poco inteligentes e imposibles de cumplir. De alguna forma habrá que salir de este disparadero, porque no se puede abrir demasiados flancos al mismo tiempo.

Para combatir al narcosenderismo hace falta aplicar el mismo principio que estamos señalando para el Premier: la continuidad de los mandos, que no pueden ser cambiados cada seis meses o cada año, porque entonces jamás se llega a conocer el terreno ni a perfeccionar estrategias.

Un aliado indispensable en la lucha contra las actividades ilegales es la inversión formal, que en las zonas alejadas suele ser la minera. Pero hay una concertación antiminera radical que resulta así aliada voluntaria o involuntaria del narcotráfico, el senderismo y la minería ilegal.