Durante más de una década hemos distribuido alimentos en el Perú sin que caiga un punto la desnutrición infantil. Esta se redujo apreciablemente entre 1991 y 1996, de 36% a 25%, principalmente como resultado del abatimiento de la inflación, de la mejora de los términos de intercambio para los productos campesinos luego de la abolición de los privilegios rentistas de la industria protegida y de los programas sociales y de inserción económica del gobierno de Fujimori. Pero a partir de ese año, se estancó en alrededor de un 24% pese a los miles de millones gastados año a año en programas alimentarios, hasta hace apenas tres años, en que empezó a bajar nuevamente debido no solo a la mayor incorporación al mercado de la población campesina sino al presupuesto por resultados, que llevó a empezar a atacar las causas de la desnutrición crónica, como son las enfermedades y las diarreas, y la ausencia de capacitación en la preparación de alimentos.

Resulta que esos programas de distribución de alimentos no solo no reducían la desnutrición infantil, sino que, ocasionalmente, cobran víctimas. Pero sí han servido como instrumento clientelista. Desde el primer gobierno de Alan García, pasando por Fujimori, el Pronaa fue utilizado con propósitos clientelistas, sobre todo en los comedores populares, la mayor parte de los cuales en la actualidad atiende a personas que ya no pueden ser calificadas como pobres. El Pronaa, más que un instrumento de lucha contra la pobreza, ha sido un instrumento político para reclutar personal para las manifestaciones o buscar votos. Y probablemente para hacer buenos negocios con las compras. Y causar muertes.

Ahora se dice que la nueva política social que manejará el flamante ministerio de inclusión y desarrollo social será más habilitadora que asistencialista. Lo cierto es que, salvo Foncodes, que casi no existe, todos los programas que se le han transferido son asistencialistas –reparten dinero o alimentos– y, si no hay una reforma profunda de esa orientación, podemos terminar con una masiva política clientelista elevada a nivel ministerial, articulada y organizada para construir la base social ideal de cualquier aventura populista o autoritaria. La verdadera inclusión, como ya hemos señalado en esta columna, no es la que se da en la planilla de algún programa estatal, sino en el mercado, en la producción, en algún empleo real.

Cuidado con la tenaza que amenaza con ahogar la emergencia de la nueva clase media: una política masiva de distribución de dinero y alimentos, que consolidaría una clase social dependiente del Estado, con la voluntad de progreso adormecida por la dádiva, y una ley general del trabajo que impediría la formalización de las mayorías. El resultado: una vasta población informal sin remedio, pasto de cualquier populismo autoritario.