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La batalla de las dragas en Madre de Dios es fundacional. No es solo impedir que se siga destruyendo el bosque y contaminando los ríos. Es la batalla por el establecimiento allí del Estado Peruano, del Estado como cuerpo legal, como imperio de la ley. Madre de Dios es una tierra de frontera: allí domina el capitalismo salvaje, la ley del más fuerte, con la ayuda, paradójicamente, de licencias y concesiones que ha otorgado el propio Estado Peruano, sea por inconsciencia ecológica, sea por corrupción.
En esta larga guerra solo se han conocido derrotas hasta ahora. Puerto Maldonado ha sido incendiado varias veces, por turbas movidas por los intereses que resisten las normas ordenadoras. El 2001 lo fue por madereros que protestaban contra la ley forestal del año 2000, que buscaba acabar con las pequeñas concesiones depredadoras de la antigua ley de Velasco, e implantar un régimen de concesiones relativamente grandes y a mayor plazo, que aseguraban un manejo sostenible del bosque. Antes se había producido un largo y serio enfrentamiento judicial entre el Estado Peruano y una maderera estadounidense que actuaba a través de pequeños madereros para extraer ilegalmente la caoba y el cedro. El último evento ocurrió en junio del 2008, cuando la masa prendió fuego a la sede del Gobierno Regional de Madre de Dios y otros edificios para protestar contra disposiciones del Decreto Legislativo 1090, que obligaban precisamente a un manejo forestal ordenado.
En la batalla actual el Gobierno tomó la difícil y plausible decisión de destruir las dragas, y requiere, para mantenerse firme y triunfar, del apoyo total y decidido de la opinión pública nacional y de las fuerzas políticas, y no de críticas sospechosas como las del candidato de Gana Perú. Pues en esta ocasión no cabe la derrota. Pero he aquí que se ha suspendido la destrucción de las dragas, en previsión de una revuelta mayor. Si el Gobierno vacila, ¿qué le queda a la opinión pública? Quizá faltó preparar mejor el terreno: hablar con los medios, con las autoridades y las dirigencias, pero también es cierto que el factor sorpresa era vital para alcanzar el éxito. Del resultado de esta batalla depende la afirmación del Estado Peruano en el territorio y, por lo tanto, el paso a un nivel de desarrollo más civilizado.
Se olvida que el Estado es anterior a la democracia, y que esta requiere de un Estado efectivo. Y el Estado, como sistema de reglas, como derecho, no existe, no solo en Madre de Dios. Tampoco en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), ni en partes importantes de la Amazonía en general. Ni siquiera en el tránsito de Lima, para no ir más lejos.
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RETOS VOTO 2011 – Nº 6 / 11 – RECUPERAR / EJERCER LA AUTORIDAD
Por: Ing. Luis Velásquez Labán ( * )
Tras la caída del que llaman “Dictador Fujimori”, y para diferenciarse de él, los “Superdemócratas” Paniagua, Toledo y Alan 2; y su prensa asociada, han saturado y enfermado al pueblo de DEMOCRATITIS AGUDA deteriorando creciente y peligrosamente el principio de autoridad y la gobernabilidad del país. No hay día que no haya un estallido social que paraliza alguna inversión , afecta el quehacer ciudadano y traba el desarrollo. Desde un simple plantón de empleados, hasta un ataque terrorista (pasando por paros, bloqueos de vías, toma de rehenes e instalaciones de producción, etc.) la grita callejera y las bandas criminales han impuesto diversos modos de poner de rodillas a nuestros enclenques gobernantes conminándolos a anular, cambiar o postergar sus decisiones de gobierno.
Tenemos entonces que, por enemistar al pueblo contra “El Chino”, por seguir la torpe moda de lo “políticamente correcto”, o por buscar acaso el “Nobel Democrático ”; los “Superdemócratas” y la prensa irresponsable han hecho del gobierno una Democracia Boba, blandengue e inoperante que ha cedido poder a favor de la irracionalidad y los intereses mezquinos de las turbas, la delincuencia, el terrorismo, la prensa y ONGs caviares, etc. Hablamos del siguiente reto que proponemos sobre el voto 2011.
RECUPERAR, EJERCER EL ESTADO LA AUTORIDAD PERDIDA
El informe de Diciembre 2010 de la Defensoría del Pueblo da cuenta del triste récord de 246 conflictos sociales entre activos (164) y latentes (82); más 56 Acciones Colectivas de Protesta , y más 8 Acciones Terroristas que ocasionaron 7 muertes (Terrorismo en Junín, Huánuco, San Martín y Cuzco; Dic.2010). La mayoría de estos conflictos (117, el 48 %) son socioambientales. También los hay del tipo laboral, electoral, de demarcación territorial, etc.