El presidente Humala quizá se sienta reconciliado consigo mismo y aprobado por sus pares bolivarianos cuando se sale de la hoja de ruta y arremete contra el privatizado Estado neoliberal arrinconado por poderes fácticos acostumbrados a gobernar. El problema es que esas incursiones en el radicalismo anticapitalista no son solo travesuras retóricas, sino que tienen efectos inmediatos en el aliento a movimientos locales en el Perú. Es lo que está ocurriendo ahora en Conga, Cajamarca, un proyecto que por sus dimensiones puede ser considerado como el buque insignia de la inversión minera –y la inversión privada en general– en el Perú.

Por supuesto, si Newmont-Yanacocha, la propietaria de Conga, es un poder fáctico acostumbrado a gobernar el Perú neoliberal de los últimos 20 años, el estudio de impacto ambiental realizado durante tres años con la participación y aceptación de los más de 30 caseríos que integran el área de influencia directa del proyecto, y aprobado por resolución directoral del Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno neoliberal anterior, pues no vale. Sectores radicales y antimineros, a los que se suma el propio presidente regional –de Patria Roja–, decretan que esa aprobación ha sido obtenida de manera fraudulenta, vejando, de paso, a una tecnocracia que es respetada por su nivel profesional y su integridad. Tampoco interesa que con los reservorios que construya el proyecto vaya a haber más agua para la agricultura, si es que se van a secar las lagunas existentes. Lo único que interesa es manipular los temores de la población para conseguir fondos ambientalistas o réditos políticos.

Me atrevería a afirmar que Conga es un hito crucial en la suerte de este gobierno y del país en los próximos años. Si teniendo los estudios aprobados resulta cancelado, lo más probable es que una parte apreciable de los supuestos US$50 mil millones en proyectos mineros para los próximos 10 años no se realice. Porque eso le dará fuerza a los sectores radicales de todo el país, que ya se sintieron empoderados con el triunfo de Ollanta Humala y que por eso han levantado el tono de sus demandas poniendo en jaque no solo a Conga, sino la ampliación de Toquepala y Quellaveco, para mencionar otros dos proyectos muy importantes.

Si el Gobierno no logra, con una estrategia inteligente, dar las señales claras, desempoderar paulatinamente a esas dirigencias e introducir el diálogo racional y respetuoso en las zonas de inversión, pues habrá perdido toda esperanza de conseguir los recursos para sus propios objetivos de inclusión social. Y el país habrá perdido la gran oportunidad que representa tener un recurso como el minero que, bien aprovechado, puede convertirse en la palanca para salir del subdesarrollo en pocos años.