El baleado consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco ha acusado al presidente regional (con licencia), César Álvarez, de ser el autor del atentado del que se salvó por un milagro pero que acabó con la muerte de su hijo político. El móvil sería “la obsesión por el dinero” de Álvarez, luego de que Nolasco se opusiera a proyectos por 840 millones de soles que iban a ser ejecutados por la OIE (organismo internacional que goza de inmunidad diplomática) sin que fuera posible fiscalizarlos. La otra hipótesis es la guerra entre facciones de construcción civil —a una de las cuales pertenece Nolasco— por las obras de la región. En cualquier caso, estamos ante la disputa por el botín presupuestal del gobierno regional, el más cuantioso de todos considerando el canon minero del que goza.

Lo que ocurre acá es que, debido a la acelerada e improvisada descentralización del Estado operada en los últimos años, los gobiernos regionales y locales poseen ingentes recursos que no han sido generados por contribuyentes locales sino por transferencias del gobierno central o del canon minero. No hay en las regiones y localidades una base ciudadana contribuyente que fiscalice el uso de los recursos. El presidente regional o el alcalde, entonces, pueden convertirse en reyezuelos que hagan uso de los recursos como les venga en gana, dentro del mejor estilo patrimonialista. En “La tercera ola”, Samuel Huntington argumentaba que los países petroleros tienden a tener gobiernos autoritarios y corruptos porque las rentas del petróleo le permiten al gobierno dejar de cobrar impuestos a los ciudadanos; los que, entonces, dejan de pedir cuentas al gobierno y se dejan manejar. Bueno pues, algo así ocurre con nuestras regiones y municipalidades. Estas últimas, por ejemplo, casi no recaudan Impuesto Predial: en el 71% de las municipalidades se recauda menos de 10 soles al año por este tributo. Lo que significa que son relativamente pocos en el Perú los que pagan este impuesto.

Esta es la razón por la que apenas la contraloría sale de excursión al interior del país para auditar gastos de inversión (Operación Cóndor) descubre que el 70% de los montos invertidos tienen problemas de irregularidades o ilícitos, y que haya denunciado ya a 1.000 funcionarios por estas faltas y, además, a 500 autoridades por hacer uso de recursos públicos en sus campañas electorales.

Y es también la razón por la que el número de candidatos en estas elecciones regionales y municipales, que ya era muy alto en el proceso anterior, se haya incrementado aun más, acentuando la fragmentación política peruana y, por lo tanto, los problemas de representación y gobernabilidad. Es la disputa por el botín que, como vemos, puede llegar hasta las balas.