Un discurso sobrio, escueto, sin ideología, casi sin vuelo, pero con algunas propuestas concretas y con una orientación general clara: mejorar el clima social y reducir la inseguridad, el narcotráfico y la ilegalidad para que haya más inversión y crecimiento para a su vez contar con más recursos para la inclusión social y la reducción de la desigualdad. Es decir, el círculo virtuoso perfecto.

Cierto es que, para el gobierno, ello pasa por una mayor participación del Estado y de las poblaciones aledañas en la renta minera, vía el gravamen minero ya aplicado y los fondos social y de garantía que se propone para cada nuevo proyecto. Y por mayores poderes de la Sunat para cobrar impuestos y subir la presión tributaria. Es decir, por exigirle a la actividad productiva formal una contribución mayor.

Pero entonces brilla por su ausencia un plan de formalización, que no sólo sirve para recaudar más sino para establecer la autoridad del Estado. Sólo se mencionó la simplificación de trámites tributarios y la lucha contra la minería informal (lo que sin duda está muy bien, pero es algo que parece responder más a un imperativo ambiental que económico). Y, felizmente, ya no se insistió en la ley general de empleo, que sin duda iba a ahondar la informalidad y perjudicar la competitividad del país, aunque tampoco se planteó casi nada en cuanto a políticas de competitividad.

Puso mucho énfasis, sí, en los nuevos programas sociales y en la ampliación de los existentes y del gasto en salud y educación (aunque ni una palabra acerca de la carrera pública magisterial), y en ambiciosos planes de infraestructura. Pero muy poco dijo acerca de la condición necesaria para que ello sea posible: un nuevo Estado, más ágil, moderno y meritocrático, que trabaje por resultados. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo reducir los niveles de feudalización y anarquía existentes?

La verdadera inclusión es económica, productiva, en el mercado. Y, sobre eso, nada. Habrá mucho para repartir dinero, empleos temporales y alimentos, pero poco para enseñar a producir más alimentos a los campesinos más pobres. Falta un gran programa productivo para la sierra rural. Es lo único digno.

Se quiere fortalecer la autoridad ambiental del Estado, para que este recupere credibilidad ante la población, lo que es indispensable. Pero también se propone transformar PetroPerú en una gran empresa estatal, con participación en el mega proyecto del gasoducto y petroquímica del sur, por ejemplo. ¿Para qué? No se sabe. Es el tributo a la ideología, un remanente del primer plan.

El Estado necesita, efectivamente, recuperar autoridad, no presencia empresarial. Y, para eso, su modernización e implantación en las zonas liberadas por el narcotráfico, la minería informal y la anarquía radical, es fundamental. De eso se trata.