Los TLC con Estados Unidos, Chile, Canadá y otros países, y la reciente rebaja de aranceles, permitirán a las empresas adquirir insumos y bienes de capital más baratos, pero también las obligan a competir, ya sin defensas arancelarias, con las mejores empresas del mundo, dentro y fuera del Perú. Por eso, resulta más urgente que nunca realizar todas las reformas necesarias para mejorar la competitividad de las empresas, pues no se puede participar con éxito en una carrera con los pies amarrados o con pesos innecesarios.

La corrupción, por ejemplo, es una carga, un sobrecosto. Por eso, no es mala idea crear una Oficina Nacional Anticorrupción, aunque un verdadero plan nacional anticorrupción no es otra cosa, en gran parte, que una profunda reforma del Estado. Simplificación administrativa, desregulación, eficiencia y transparencia es lo que debe hacerse para quitarle piso a la coima, que resulta funcional a un sistema inextricable, y para facilitarle la vida a las empresas. El vía crucis que debe pasar un pequeño empresario para formar una empresa es inenarrable. Aun sin coima, el tiempo y el costo de los trámites terminan por matar la iniciativa antes de que haya podido nacer.

Por eso, tiene razón el presidente de la Confiep cuando plantea que se designe un comisionado presidencial que lidere la modernización del Estado. En dupla con Carolina Lizárraga, añadiríamos nosotros. Labor que debe incluir, por supuesto, al Poder Judicial. Pero no basta. Si el pequeño empresario logra, luego de esfuerzo titánico, dar a luz a su empresa, la pregunta es cuánto tiempo durará en la formalidad, cuyo costo es también muy alto. A la primera se verá obligado a informalizar su mano de obra, porque le es imposible pagar todos los costos no salariales establecidos en la ley, además del salario mínimo, que ya subió.

Por eso, tampoco basta el proyecto de nueva ley de mypes que está liderando el Ministerio de Trabajo, que crea una nueva categoría aun más pequeña que la microempresa, sin salario mínimo, pero no resuelve nada por encima de ella. El régimen laboral especial para la microempresa no se amplía a la pequeña empresa y menos a la mediana, cuando lo que debe hacerse, de una vez por todas, es extenderlo a todos los tamaños empresariales, sin recortar beneficios a los que ya los tienen o permitiéndoles canjearlos por más salario, trasladarlos a este último, para aumentarlo. ¿Quién puede oponerse sensatamente a una medida que permite la inclusión de los excluidos, el aumento del salario y al mismo tiempo una mayor competitividad y flexibilidad de las empresas para generar, a su vez, más empleo?

Hay que facilitarles a las empresas contratar, para que haya más empleo y mejores salarios. Pero además hay que concentrar liderazgo y capacidad intelectual y técnica en el Ministerio de Educación, para que los peruanos mismos sean competitivos. Y el presidente debe encargarse de dirigir personalmente la lucha contra la pobreza en el campo. Eso es todo.