El gran objetivo de este gobierno es el crecimiento con inclusión social. Para lograr lo segundo, se ha creado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y se ha designado a una ministra y viceministros de muy alto perfil técnico. Es la primera vez que un gobierno pone a manejar las políticas de lucha contra la pobreza a profesionales del nivel de los que manejan la economía y el Banco Central de Reserva. Eso está muy bien. Pero la pena es que habrá allí un desperdicio de capacidades, pues el gobierno ha sido muy tímido en el diseño del nuevo ministerio. Salvo Foncodes –que casi no existe–, se le han transferido solo programas de alivio temporal de la pobreza, asistencialistas, pero no los que atacan las causas mismas del problema. El programa Juntos sería el único que combina alivio –S/.100 mensuales– con desarrollo de capacidades, porque obliga a los niños a ir a la posta y a la escuela, pero es algo que daría resultado a muy largo plazo, y si es que hay postas y escuelas bien equipadas.

Darle estatus ministerial a programas de alivio temporal es convertirlos en permanentes cuando su destino debería ser, precisamente, transitorio. Además, teniendo en las manos ahora un ministerio de distribución de alimentos y dinero, la tentación será convertirlo en el instrumento ideal de una política distributiva a gran escala, como ocurre en Venezuela, a fin de construir las bases clientelistas de una eventual evolución autoritaria o populista. Claro, Trivelli, Silva y Arrunátegui son una garantía de que eso no ocurrirá, pero solo mientras estén ellos al frente.

Si es verdad que el propósito del gobierno es el crecimiento con inclusión social, sorprende la débil voluntad política para transferir al nuevo ministerio los programas o funciones que, realmente, servirían para atacar la pobreza rural, que es donde está el meollo de la exclusión. Esos programas están en Agricultura, Salud, Educación y Transportes y apuntan a que la familia campesina pueda obtener más ingresos por sus propios medios incrementando su productividad, su acceso al mercado y a servicios efectivos de salud y educación. En la propuesta de Enrique Vásquez, de la Universidad del Pacífico, estaríamos hablando de un ministerio de más de S/.8 mil millones en presupuesto.

No ha habido voluntad o fuerza política para doblegar a los feudos ministeriales a fin de que transfieran dichos programas. Cada uno seguirá actuando por su cuenta, pues ya sabemos que la coordinación no funciona. Pero, cuando menos, se le hubiese podido asignar al nuevo ministerio la capacidad de monitorear y decidir sobre los recursos de esos programas dentro de un esquema de presupuesto por resultados que los obligue a alinearse en el cumplimiento de ciertas metas. Como hacía el MEF. Pero tampoco. Nada.