No hay nada más fácil que atizar el temor por el agua, más aun cuando los campesinos andinos están ahora más integrados que nunca al mercado y es natural que teman que la minería pueda afectar la plataforma de recursos que les viene permitiendo obtener ingresos crecientes. Según la FAO, por ejemplo, el consumo per cápita de papa en el Perú ha pasado de 33 kilos en 1990 a alrededor de 80 en la actualidad. Casi se ha triplicado, gracias al nuevo modelo económico que ya no subsidia los alimentos importados ni transfiere ingresos del campo a sectores rentistas urbanos. Hay un cambio profundo.

El problema es que la institucionalidad política ha involucionado hacia una feudalización y anarquía crecientes. Al no haber partidos, los canales de transmisión para formar la opinión a fin de apoyar decisiones de gobierno, recoger demandas y prevenir conflictos están rotos. Las poblaciones quedan así a expensas de pequeñas dictaduras radicales sin control, eventualmente alimentadas por intereses foráneos, que no pertenecen a partido nacional alguno. Lo que resulta agravado por una creciente feudalización política y administrativa originada en la acelerada descentralización de recursos y funciones a gobiernos locales y regionales que no rinden cuentas ni siquiera a una base contribuyente propia que no existe.

En ese sentido, la clara definición del presidente Ollanta Humala de anteayer debería significar la recuperación de un liderazgo nacional con presencia en las provincias y localidades, como punto de partida para restablecer el principio de autoridad, la legitimidad del Estado y la prevalencia del interés del país en su conjunto. Se necesita un weberiano liderazgo carismático, no para montar una estructura clientelista, pero sí para poner orden, luchar contra la pobreza y contra los enemigos de la inversión a la vez, y dar la garantía a los pueblos de que sus recursos serán respetados. El presidente, sin embargo, carece de un partido y de operadores políticos que lo ayuden en esta tarea, que incluye el combate político a los radicales. Quizá sea la hora de las conversaciones con otras organizaciones partidarias.

Lo otro es fortalecer las unidades estatales vinculadas a los estudios de impacto ambiental, a la promoción de los proyectos en el campo, a la mediación, y a la fiscalización. En esto se ha avanzado, aunque falta. Los estudios de impacto ambiental existen desde 1990 y se convirtieron en instrumentos de consulta previa, por medio de talleres en las comunidades involucradas, a partir del 2002. Cuando este proceso se hace bien, funciona. Como en Conga, por ejemplo, donde los 32 caseríos han conocido y aprobado el proyecto. Pero lo que falla es la capacidad y presencia del Estado, que ni explica, ni intermedia, ni fiscaliza suficientemente. De eso se trata ahora.