Hablamos de democracia, pero para que haya democracia tiene que haber antes un Estado, y un Estado de derecho en particular. Debe regir la ley, que es la garantía del respeto a los derechos mutuos. Y en el Perú el Estado es casi inexistente en varios frentes. Primero, en el territorio: hay zonas liberadas por el narcoterrorismo, la minería ilegal y el contrabando. Allí rige la ley del narcotráfico, de la selva o de la mafia, pero no la del Estado. Segundo, en la sociedad: amplios sectores no están integrados a la ley, a la formalidad. La informalidad es una de las más altas del mundo, porque la legalidad formal es una de las más caras y hay demasiados trámites, muy costosos. Un exceso de beneficios para unos que margina a los más.

Pero ahora Santiago Levy, del BID, ha agregado un elemento que configura una tesis muy sugerente: lo que ocurre es que al mismo tiempo que las contribuciones laborales y empresariales para la seguridad social y la jubilación gravan el empleo formal, los programas sociales del Gobierno subsidian el empleo informal. ¿Para qué voy a contribuir a Essalud o a otro seguro si puedo tener un Seguro Integral de Salud (SIS) que cubre gratuitamente mis riesgos de enfermedad? En suma, la formalidad sufre un impuesto y la informalidad, al revés, goza de un subsidio. Es la manera de perpetuar la informalidad.

El problema es que la informalidad nos condena a la baja productividad. Sostiene Levy que el empleo y la empresa informal son menos productivos por varias razones: falta de economías de escala y alcance, poca capacitación laboral, invierten poco en tecnología, etc. Entonces, si el Perú necesita dar un salto en productividad para mantener altas tasas de crecimiento y erradicar la pobreza, tiene que reducir seriamente la informalidad.

Levy propone no eliminar los programas de protección social como el SIS, sino financiar Essalud y el pago a las AFP no con aportes del trabajador o empleador, sino con la recaudación general, para que no haya un impuesto al empleo formal, para que la planilla como tal no esté gravada. Claro, eso supondría subir el Impuesto a la Renta de las empresas de todos modos. Le pedí a la jefa de la Sunat, Nahil Hirsh, un cálculo y esta fue su respuesta: para cubrir los S/.5.200 millones de aportaciones anuales a Essalud, habría que subir el Impuesto a la Renta empresarial de 30% a 38%. Y los seis mil millones que recaudan las AFP se pagarían subiendo la tasa media del Impuesto a la Renta de personas de 15% a 32%. ¿Sería factible?